La cooperación es la nueva tendencia en el escenario internacional de la Responsabilidad Social. Durante los últimos tiempos, ya se han dado varias iniciativas en este sentido, como la alianza que establecerá la Global Reporting Initiative con Carbon Disclosure Project, organización independiente sin ánimo de lucro que mantiene la mayor base de datos mundial de información corporativa sobre cambio climático. Este potente acuerdo de la GRI ha tenido lugar poco tiempo después de que se haya anunciado su concordato con el Pacto Mundial de Naciones Unidas.
El impulso más reciente viene también de la mano de la GRI, que ha firmado junto con la ISO un Acuerdo para aumentar su cooperación y trabajar en puntos de vista comunes de cara a la futura cumbre de Río+20. Ambos organismos planean también el desarrollo de un protocolo técnico para introducir una nueva generación de indicadores.
COORDINACIÓN
Esta alianza es sólo un nuevo eslabón en una cadena que parece infinita. La propia Unión Europea abrió en su día a través de la Comisión una consulta para llevar a cabo una armonización de las legislaciones en materia de reporting responsable de países como Suecia, Dinamarca, Francia o el Reino Unido, una unificación que permitirá la comparabilidad y la adopción de unos estándares únicos y adaptables al modelo europeo.
En lo que respecta al ámbito social, una Ley Europea de Responsabilidad Social se perfila como un próximo paso no demasiado lejano. Bruselas afirma su intención de concentrarse en la mejora de intangibles como la transparencia- particularmente en áreas de derechos humanos y desarrollo sostenible- el buen gobierno corporativo, la participación de los grupos de interés- con especial hincapié en los empleados, como stakeholders internos- o la mejora de las relaciones entre las compañías, los accionistas y la sociedad. En su afán por abogar por el desarrollo sostenible de una forma global la Comisión Europea ha anunciado el desarrollo de nuevos indicadores para evaluar los avances de los Estados miembros en pro de una “economía más verde”. Son tres los nuevos indicadores que pretenden ponerse en marcha; para medir la ecoeficiencia, la productividad de los recursos –que calibra el grado de uso o abuso de los recursos naturales-y para medir los impactos ambientales y el modo en que se gestionan los residuos. Se trata de ampliar el concepto de desarrollo sostenible tanto en el ámbito público como privado, estableciendo así un sistema de “gobernanza verde” global.
Además, también de la mano de la GRI vio la luz una guía para orientar a los usuarios de sus indicadores sobre la inclusión de los distintos aspectos de los que trata la recién salida del horno guía ISO 26000. El documento, “How to use the GRI Guidelines in conjuntion with ISO 26000 “, trata de ayudar a las empresas y a otras organizaciones que informan de acuerdo con los indicadores GRI para que sus memorias reflejen los diversos aspectos de los que trata la nueva guía, empleando para ello una tabla de equivalencias entre los indicadores establecidos por los dos organismos.
Afán claramente unificador es también el mostrado por la propia ISO, que ha intentado atajar la polémica que envolvió la publicación de su norma 26000 asegurando que “no se trata de una norma certificable” y dando a conocer informes tan contundentes como el reciente “It’s crystal clear. No certification to ISO 26000 guidance standard on social responsibility”. Tampoco es la ISO 26000 un nuevo sistema de gestión, ya que “proporciona orientación sobre cómo poner en práctica la responsabilidad social en una organización. Incluye orientaciones relacionadas con: el entendimiento de la responsabilidad social de una organización, la integración de la responsabilidad social en toda la organización”.
Es indudable que el escenario global está cuajándose a pasos agigantados de normas, guías, estándares, certificaciones y acreditaciones que crean una amalgama confusa y muchas veces contraproducente. Para expertos como John Scade, director general de MAS Business “no hace falta nada nuevo ya que la supervivencia de las empresas depende de su competitividad y la única manera de conseguir esto es atendiendo a sus grupos de interés (…). Para las empresas las certificaciones responden a una necesidad de sus grupos de interés, no es un fin en sí mismo.
A pesar de la tendencia unificadora, también existen argumentos en contra de un “marco responsable” excesivamente rígido y estructurado. El más repetido de ellos alude al hecho de que las compañías una vez experimenten las ventajas competitivas y las mejoras en reputación derivadas de la aplicación de los aspectos codificados- ya sean éstos referidos a gobierno corporativo, responsabilidad social u otros ámbitos- las propias guías y pautas perderán su razón de ser al haber integrado las compañías los contenidos regulados de forma natural en su “core business”. Por otra parte, los excesos regulatorios, mal llevados, pueden paralizar o cohibir las decisiones estratégicas de las compañías. Esa es, al menos, una de las principales preocupaciones para los líderes empresariales según la tercera edición del estudio ‘Global Business Risk Report. The Top Ten Risks for Business’, elaborado por Ernst & Young .Por detrás de la regulación y el cumplimiento normativo, se sitúan el acceso al crédito, la posibilidad de un empeoramiento económico a la vuelta de la recesión y el número de amenazas vinculadas a la gestión de los recursos humanos.
Fuente: www.expoknews.com