Registrará del uno al 11.600. Así de extenso es el denominado “ranking verde” que elabora la Superintendencia de Medio Ambiente, donde se incluyen todos los proyectos con Resolución de Impacto Ambiental (RCA) aprobados desde 1997 hasta este año y que busca determinar a las empresas con potencial riesgo ambiental y así priorizar su fiscalización.
Este ha sido uno de los principales focos del organismo, que cumple un año desde su creación y que espera la aprobación del proyecto de Tribunales Ambientales en el Parlamento para contar con sus facultades plenas de sanción y fiscalización.
Según adelanta el superintendente de Medio Ambiente, Jaime Lira, este ranking estará listo a fin de año y será público. “Lo que queremos es saber quiénes son los fiscalizados, tenerlos ordenados y en algún minuto fiscalizar a todos”, explica la autoridad, quien augura que la categorización de los proyectos será un fuerte impulso para las empresas, para así cumplir los compromisos ambientales que adquirieron al tramitar su aprobación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).
Este es el primer ranking de cumplimiento ambiental que se elabora en Chile.
La medición se realiza en base al método jerárquico analítico de Saaty y tomará como análisis cinco factores, a los cuales se les asignó una ponderación para determinar la posición del ranking, donde los primeros lugares serán ocupados por los proyectos con más riesgo ambiental.
El factor más preponderante será el historial de sanciones. “La experiencia dice que se tienden a tener costumbres que se repiten en el tiempo, por lo cual quien ha infringido la ley una vez podría volver a hacerlo”, comenta Lira.
También tendrá gran incidencia la tipología con que ingresó el proyecto al Seia y el monto de inversión, ambos factores que determinarán el impacto ambiental del proyecto. “En Chile no tenemos índice de riesgo ambiental, pero este ranking apunta a eso. Hay algunos proyectos que, efectivamente, son más riesgosos y otros que, teniendo un potencial súper alto, aplican altos estándares y, en general, no tienen mayores problemas”, dice el superintendente.
Según Lira, el objetivo es que, con los recursos disponibles, saber cuánto se puede fiscalizar y “dada la lógica estoy apuntando al potencial riesgo a la salud de las personas y al entorno. En los primeros lugares voy a encontrar el 80% a 90% de los potenciales problemas ambientales”. Proyectos como HidroAysén, por ejemplo, serán ranqueados: “Es un proyecto con muchos compromisos, la fiscalización será larga. No estará en esta versión, pero cuando se empiece a construir lo incluiremos en el ranking”.
Sanciones
El listado estará en la página web, al igual que el registro del cumplimiento de la RCA de los 11.600 proyectos y sus respectivas sanciones. Esto, contenido en una biblioteca virtual. Lo que se pretende es fiscalizar anualmente al 10% de los proyectos, es decir, unos 1.200.
Otro de los elementos nuevos son las sanciones, que tendrán un cambio radical con nueva tipificación y fuertes multas, que aumentan en 240 veces las actuales. Hasta ahora, el sistema contempla amonestación por escrito, sanción pecuniaria de hasta 500 UTM ($ 19.000) y revocación de RCA.
Con la ley que creó la superintendencia, las sanciones se graduaron e incluyen el cierre temporal o definitivo en el caso de las graves o gravísimas. “Tenemos que velar porque se cumplan las normas y medidas indicadas en la RCA. Los proyectos no deben gustarme o no gustarme. Para mí, cumplen o no cumplen”.
Fuente: La Tercera, domingo 16 de octubre
